Para este mes de diciembre está previsto el inicio de la vacunación masiva de los menores entre 5 y 11 años, y durante el verano se llevó a cabo la de menores entre 12 y 18 años. A nuestras oficinas nos han llegado numerosas consultas de padres divorciados que deseaban vacunar a sus hijos y el otro progenitor se negaba, bajo ideologías negacionistas.
En estos casos, al tratarse de una cuestión médico-sanitaria, la decisión debe adoptarse de común acuerdo entre ambos padres, y en caso de desacuerdo en necesario solicitar autorización judicial, y ya os anticipamos que los jueces están dando la razón a los padres que desean vacunar a sus hijos contra el COVID, así recientemente una Jueza del Juzgado de Familia de Manacor deja a un padre que vacune a su hijo pese al criterio de la madre, valorando el interés del menor, autorizando al padre a que pusiera al menor la vacuna del Covid y otras cuatro dosis del calendario oficial, que la mujer no había autorizado al no considerarlas necesarias.
Las tesis de la madre para no vacunar a su hijo de doce años de edad eran las de que la vacuna era experimental y que no estaba certificada. Pues bien frente a esta teoría la Jueza argumentó que la Agencia Europea del Medicamento había autorizado la vacuna en base a estudios científicos y además ha sido probada en millones de personas.
El propio menor compareció en el Juzgado y dijo que quería vacunare, así que la decisión de la jueza fue finalmente la de considerar que la madre no había proporcionado ningún motivo para pensar que la vacunación del menor era negativa para el mismo y que no se había acreditado el perjuicio, cuya carga de la prueba la tenía la madre, y no lo acreditó, además la jueza le recriminó que una madre “sin formación sanitaria alguna no podría realizar un análisis crítico y sustentado en criterios médicos para decidir”.
Por nuestra parte, y viendo las controversias que se han suscitado sobre el tema de la vacunación, lo que estamos haciendo desde hace meses es incluir en nuestros convenios la obligatoriedad de ambos padres de realizar las vacunaciones tanto las incluidas en el calendario vacunal, como las que actualmente se están aconsejando por la Comisión de Salud Pública a raíz de la pandemia del COVID-19, evitando así la judicialización de estas cuestiones médicas, lo que supone un ahorro de costes y de tiempo.
